El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España vetará el uso de redes sociales a menores de 16 años y responsabilizará legalmente a las plataformas y a sus directivos por contenidos ilegales, manipulación de algoritmos y amplificación del odio en entornos digitales.
España dará un paso decisivo en la regulación del entorno digital. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que su Ejecutivo prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y aprobará nuevas medidas para reforzar el control sobre las plataformas digitales y la responsabilidad de sus directivos.
El anuncio fue realizado durante su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra en Dubái y reúne a una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.
Sánchez afirmó que es imprescindible convertir a las plataformas digitales en un espacio más saludable, especialmente para niños y adolescentes. En ese marco, adelantó que la próxima semana el Gobierno español aprobará un paquete de medidas que obligará a las redes sociales a implementar sistemas de control efectivos y barreras reales para impedir el acceso de menores de 16 años.
Responsabilidad legal para las plataformas
El presidente español subrayó que los directivos de las plataformas digitales serán legalmente responsables de las infracciones que se cometan en los servicios que gestionan, con el objetivo de evitar situaciones de impunidad.
Entre las medidas anunciadas, el Ejecutivo prevé tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, una práctica que, según Sánchez, contribuye a la polarización y al deterioro del debate público.
Asimismo, el Gobierno estudiará junto a la Fiscalía posibles infracciones legales en plataformas como Grok, TikTok e Instagram, en el marco de las nuevas normas que se pondrán en marcha.
Rastreo del odio y la polarización digital
Sánchez también anunció la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad, destinado a identificar lo que denominó una “huella de odio y polarización” en el entorno digital.
Con este conjunto de medidas, España busca reforzar la protección de los menores, aumentar la transparencia de las plataformas y avanzar hacia una mayor responsabilidad legal en el uso de tecnologías digitales.